Aranibar, E. R., Velarde, D. M., Medina, D. A., & Tupa, A. X. (2026). La paradoja del patrimonio cultural: perspectivas arequipeñas entre la salvaguarda identitaria y las demandas del crecimiento económico. Turismo y Patrimonio, 26, 7-25. https://doi.org/10.24265/turpatrim.2026.n26.01

Resumen

El patrimonio cultural constituye un recurso estratégico para la construcción identitaria y el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, su gestión enfrenta una tensión estructural entre la preservación de la autenticidad y las presiones del crecimiento económico. Este estudio aborda esta paradoja desde una perspectiva situada en el sur global, donde las dinámicas de globalización y las desigualdades estructurales intensifican el debate. La investigación responde a la pregunta de cómo conciliar la salvaguarda identitaria con las oportunidades y los riesgos económicos. Se adoptó un enfoque cualitativo y exploratorio, mediante entrevistas estructuradas a 31 actores vinculados al Centro Histórico de Arequipa, Perú, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El análisis temático, asistido por un software especializado, reveló percepciones divergentes sobre la autenticidad, evidenció el impacto ambivalente del turismo cultural y destacó el potencial de estrategias participativas, tecnologías avanzadas y gobernanza multisectorial para mitigar riesgos. El estudio contribuye a llenar un vacío en la literatura al integrar los enfoques de preservación y de conservación adaptativa en un mismo marco analítico. Los hallazgos ofrecen orientaciones para políticas patrimoniales más inclusivas y sostenibles, capaces de equilibrar la identidad y el desarrollo económico.

Palabras clave: patrimonio cultural, preservación, conservación adaptativa, gobernanza participativa, ODS 8.9: promover un turismo beneficioso y sostenible

Abstract

Cultural heritage is a strategic resource for identity construction and socio-economic development. However, its management faces a structural tension between preserving authenticity and responding to the pressures of economic growth. This study addresses this paradox from a Global South perspective, where the dynamics of globalization and structural inequalities intensify the debate. The research addresses how to reconcile identity safeguarding with the opportunities and risks associated with economic development. A qualitative exploratory approach was adopted, employing structured interviews with 31 stakeholders connected to the Historic Centre of Arequipa, Peru, a UNESCO World Heritage Site. Thematic analysis, supported by specialised software, revealed divergent perceptions of authenticity, highlighted the ambivalent impact of cultural tourism, and underscored the potential of participatory strategies, advanced technologies, and multisectoral governance to mitigate risks. The study helps fill a gap in the literature by integrating preservation and adaptive conservation approaches within a single analytical framework. Findings guide for more inclusive and sustainable heritage policies that balance identity with economic growth.

Keywords: cultural heritage, preservation, adaptive conservation, participatory governance, SDG 8.9: Promote beneficial and sustainable tourism

Introducción

El patrimonio cultural constituye uno de los pilares fundamentales en la configuración de identidades colectivas, al tiempo que actúa como motor de desarrollo económico y social (Zhang, 2025). En las últimas décadas, los procesos de globalización, el auge del turismo cultural y la creciente presión por dinamizar las economías locales han situado al patrimonio en el centro de un debate complejo: cómo garantizar su salvaguarda y su autenticidad frente a las crecientes demandas de explotación económica. En este marco, los esquemas de protección patrimonial –desde marcos normativos internacionales como la Convención de la UNESCO (1972) y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), hasta legislaciones nacionales y ordenanzas locales– constituyen herramientas esenciales para definir límites, establecer responsabilidades y promover la gestión equilibrada de los bienes culturales. No obstante, como reconocen Chen y Tan (2025), la eficacia de estos instrumentos depende de su correcta aplicación y de su capacidad para adaptarse a contextos sociales y económicos cambiantes. Este escenario plantea una paradoja estructural, especialmente visible en contextos latinoamericanos, donde la riqueza patrimonial coexiste con marcadas desigualdades socioeconómicas y con una intensa presión por integrarse a los circuitos globales de consumo cultural (Benedí-Artigas et al., 2025).

El problema abordado en este estudio se enmarcó precisamente en la tensión entre la salvaguarda identitaria y la mercantilización. Si bien Chong y Balasingam (2019) muestran que la puesta en valor del patrimonio cultural puede generar beneficios tangibles –como empleo, revitalización urbana e inversión en infraestructura–, Çelik (2019) también reconoce que implica riesgos considerables, entre ellos la pérdida de significados comunitarios, la escenificación de la autenticidad y la exclusión de actores locales en la toma de decisiones. La ausencia de mecanismos de gobernanza inclusivos y la prevalencia de lógicas de mercado pueden agravar estos riesgos, diluyendo el valor simbólico del patrimonio en favor de su rentabilidad inmediata (Chng & Narayann, 2017). En este sentido, resulta clave diferenciar entre conservación y preservación; mientras la preservación busca mantener los bienes patrimoniales en su estado original, evitando toda alteración, la conservación implica su uso responsable y adaptado a las necesidades contemporáneas, garantizando su integridad material y simbólica. Bleibleh y Awad (2020) resaltan que esta distinción no es meramente técnica, sino que influye en la orientación de las políticas y en las posibilidades de conciliar la identidad con el desarrollo económico.

En este contexto, la presente investigación formuló la siguiente pregunta: ¿de qué formas la gestión del patrimonio cultural puede conciliar la salvaguarda de la identidad y la autenticidad culturales con las presiones y oportunidades derivadas del crecimiento económico? El objetivo general consistió en identificar los enfoques, percepciones y estrategias que permitieran mediar entre estas dos dimensiones desde una perspectiva ciudadana, de modo que la gestión patrimonial no fuera únicamente reactiva, sino también proactiva y sostenible. De manera específica, se buscó: (i) explorar las percepciones de distintos actores sobre la autenticidad y la identidad patrimonial, (ii) examinar el impacto percibido de las dinámicas económicas en la integridad cultural, y (iii) distinguir el potencial de estrategias participativas para articular la preservación y el desarrollo.

Metodológicamente, el estudio adoptó un enfoque cualitativo y exploratorio, centrado en entrevistas estructuradas a 31 participantes, con interacción frecuente con los bienes patrimoniales del Centro Histórico de Arequipa, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, de acuerdo con la Decisión 24 COM del Comité del Patrimonio Mundial (2000). El análisis temático, asistido por software especializado, permitió identificar patrones, tensiones y propuestas emergentes, que se contrastaron con el marco teórico para enriquecer la interpretación.

La relevancia de este trabajo radica en su aporte a la discusión académica y práctica sobre cómo articular políticas patrimoniales que reconozcan el carácter dinámico y vivo del patrimonio, integren a las comunidades en la gobernanza y establezcan límites claros a la explotación económica. También, ofrece una mirada situada desde el sur global, contribuyendo a equilibrar las narrativas dominadas por enfoques eurocéntricos y a fortalecer los modelos de gestión cultural inclusivos y sostenibles.

La estructura del artículo se ha organizado de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta el marco teórico, que contextualiza el debate en torno al patrimonio como identidad viva, a la instrumentalización económica y a las perspectivas de sostenibilidad y gobernanza. En segundo lugar, se describen los procedimientos metodológicos empleados. En tercer lugar, se exponen y discuten los resultados, estructurados en torno a tres ejes analíticos: percepciones sobre la autenticidad y la identidad, los dilemas entre los beneficios económicos y la salvaguarda cultural, y el potencial de las estrategias participativas. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, con énfasis en las líneas de acción para una gestión patrimonial equilibrada.

Marco teórico

1. Del patrimonio como identidad viva a la amenaza de su instrumentalización económica

El concepto de patrimonio cultural ha sido históricamente reinterpretado a la luz de los procesos sociales y políticos que redefinen las formas de comprender la identidad colectiva. Desde una mirada clásica centrada en monumentos y bienes físicos, se ha transitado hacia un paradigma que incorpora tanto elementos tangibles como intangibles. Esta evolución reconoce que las prácticas culturales, las expresiones simbólicas y los saberes tradicionales forman parte constitutiva de la memoria social de los pueblos. Así, el patrimonio deja de ser un mero testimonio arquitectónico del pasado para convertirse en un dispositivo cultural vivo, sujeto a disputas sobre su sentido, su apropiación y su función en la contemporaneidad. En este tránsito, el patrimonio se convierte también en un campo de poder, donde los significados se negocian entre comunidades, instituciones y agentes económicos, generando un «discurso patrimonial autorizado», que en América Latina adopta matices coloniales y excluyentes (Accinelli, 2025).

Choay (2007) advierte que esta expansión conceptual, aunque enriquecedora, conlleva el riesgo de una museificación del patrimonio, en la que se lo separa de su contexto originario para convertirlo en objeto de contemplación y consumo. Este proceso puede derivar en la pérdida de significados comunitarios y en la imposición de lógicas externas –frecuentemente económicas– que subordinan la memoria colectiva a intereses mercantiles. Accinelli (2025) demuestra que, en el caso peruano, las regulaciones patrimoniales responden a estructuras de colonialidad persistentes, en las que el Estado y la arqueología institucional han reproducido jerarquías de poder y conocimiento que legitiman la apropiación del pasado desde miradas eurocéntricas y capitalistas.

Este marco normativo, profundamente centralizado, convierte el patrimonio en un recurso administrado desde Lima, con escasa incorporación de saberes y prácticas locales, reproduciendo la desigualdad epistémica que acompaña a la formación de los Estados poscoloniales.

Ocaña (2023) complementa esta lectura al señalar que la arqueología peruana, anclada durante décadas en discursos positivistas y nacionalistas, contribuyó a la construcción de una identidad homogénea que excluía las voces de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En contraposición, la autora identifica una tendencia emergente hacia arqueologías colaborativas y comunitarias –como las experiencias del Qhapaq Ñan, Pachacámac o Túcume– que promueven un modelo patrimonial participativo, basado en la apropiación social y en el reconocimiento de los derechos culturales. Esta apertura supone un desplazamiento desde una concepción elitista del patrimonio hacia una más plural, aunque todavía tensionada por intereses políticos y económicos que lo instrumentalizan como motor del turismo o como símbolo de modernización nacional.

Las cartas patrimoniales, como las de Atenas (Oficina Internacional de Monumentos y Sitios, 1931), Venecia (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 1964), Quito (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios,1967) o la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2003), han buscado regular esta expansión conceptual y promover un equilibrio entre conservación, autenticidad y desarrollo. Sin embargo, el propio cuerpo normativo refleja una tensión entre la promoción del turismo como estrategia de valorización patrimonial y la preservación del sentido histórico-social de los bienes. Documentos como la Declaración de Tlaxcala (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 1982) alertan sobre los peligros de la explotación turística excesiva, mientras que la literatura reciente enfatiza la necesidad de pensar el patrimonio como un derecho colectivo, no como un producto de mercado. En el caso peruano, García y Sánchez (2025) evidencian que esta tensión se traduce en «disonancias cognitivas» entre los profesionales del patrimonio, atrapados entre la retórica participativa y la rigidez burocrática de un régimen patrimonial centralizado que privilegia la monumentalidad y la intangibilidad frente a los usos sociales del patrimonio. Estas contradicciones muestran que el patrimonio, aun concebido como bien común, continúa operando dentro de marcos neoliberales que limitan la participación de las comunidades.

En este sentido, la noción de «patrimonio como recurso estratégico» resulta ambivalente. Si bien permite posicionar el patrimonio como un eje articulador de políticas urbanas y culturales, también puede transformarlo en un bien instrumentalizable, sujeto a procesos de gentrificación, especulación inmobiliaria y exclusión social. El turismo masivo, impulsado por la promesa de crecimiento económico, puede alterar los vínculos locales con el patrimonio, fragmentar el tejido social y desplazar a las comunidades originarias de los territorios patrimoniales (Aranibar & Olarte, 2025). Como bien señala Lussetyowati (2015), la autenticidad corre el riesgo de ser escenificada, fabricada para el consumo externo, más que vivida desde la experiencia comunitaria. Asensio (2014) agrega que la participación comunitaria, cuando se limita a funciones utilitarias –empleo temporal o promoción turística–, reproduce un modelo de «participación instrumental» que no redistribuye el poder de decisión sobre los bienes patrimoniales. Bajo esta lógica, la participación se convierte en una estrategia de legitimación del orden patrimonial, antes que en un proceso de cogestión o de emancipación cultural.

Asimismo, resulta imprescindible considerar que los procesos de patrimonialización están profundamente atravesados por relaciones de poder que definen qué memorias se conservan, cuáles se visibilizan y cuáles se silencian (Bonanno, 2025). En muchos casos, el patrimonio cultural se convierte en un dispositivo de legitimación de narrativas hegemónicas que refuerzan identidades nacionales homogéneas, dejando al margen las memorias indígenas, afrodescendientes, populares o disidentes, como evidencian Mejía y Osorio (2025). Esta selectividad patrimonial, advierte Accinelli (2025), perpetúa la colonialidad del saber al establecer jerarquías entre los conocimientos científicos y los saberes locales, lo que consolida una «epistemología extractiva» del patrimonio. De este modo, la paradoja no reside únicamente en el binomio preservación y desarrollo, sino también en la tensión entre memoria y olvido, entre inclusión simbólica y exclusión política, lo que exige una mirada crítica sobre las estructuras que median la producción del patrimonio y su circulación en el mercado turístico.

Consecuentemente, repensar el patrimonio cultural en el siglo XXI exige ir más allá de la dicotomía entre preservación y desarrollo. Supone asumir su carácter dialógico y negociado, así como su vinculación con los derechos culturales, la justicia espacial y la sostenibilidad. Implica, además, reconocer que la salvaguarda del patrimonio no puede entenderse únicamente como una tarea técnica o legal, sino como un proceso político, social y ético, profundamente imbricado con las luchas por el reconocimiento y la dignidad de las memorias históricas subalternizadas. Solo mediante una gestión patrimonial que incorpore las voces locales, respete la diversidad epistemológica y desactive la colonialidad institucional –como proponen las nuevas corrientes de arqueología social latinoamericana– podrá superarse la instrumentalización económica del patrimonio y recuperarse su condición de identidad viva.

2. Regeneración urbana, sostenibilidad y gobernanza participativa en el ámbito patrimonial

En las últimas décadas, las políticas de regeneración urbana han encontrado en el patrimonio cultural un catalizador de procesos de revitalización económica. El turismo cultural, en este contexto, se presenta como una herramienta clave para atraer inversiones, generar empleo y revalorizar zonas degradadas. Sin embargo, esta sinergia entre patrimonio y desarrollo urbano no está exenta de riesgos, como sostienen Dominguez et al. (2025). La literatura especializada ha mostrado cómo los proyectos de «puesta en valor» pueden derivar en procesos de elitización, desplazamiento poblacional y mercantilización del espacio público, lo que profundiza las desigualdades urbanas preexistentes (Labadi et al., 2021).

La economía circular aplicada al ámbito patrimonial ofrece una respuesta innovadora frente a estos desafíos. Ante ello, Foster (2020) señala que iniciativas como la reutilización adaptativa de edificios históricos, la recuperación de técnicas constructivas tradicionales y la eficiencia energética en zonas patrimoniales permiten articular la sostenibilidad ambiental con la rentabilidad social y económica. Rudan (2023) añade que estas estrategias, no obstante, requieren una planificación urbana sensible a los valores culturales del territorio y que evite caer en lógicas extractivas disfrazadas de desarrollo verde. La sostenibilidad, en este caso, debe entenderse no solo como la conservación material, sino también como la continuidad de significados, saberes y vínculos comunitarios.

El impacto del cambio climático sobre el patrimonio cultural introduce una nueva dimensión en esta ecuación. Estudios como los de Fatoric y Biesbroek (2020) muestran que el aumento del nivel del mar, los eventos climáticos extremos y las transformaciones ecosistémicas afectan directamente la integridad física y simbólica de los sitios patrimoniales. Frente a ello, se requieren estrategias de adaptación que integren la gestión del riesgo, la sensibilización ambiental y el turismo responsable. La incorporación de tecnologías digitales y de herramientas de monitoreo participativo puede contribuir a una gobernanza más resiliente, centrada en el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

En esta línea, la participación comunitaria emerge como un pilar indispensable para la gestión del patrimonio cultural. Más allá del enfoque consultivo, se propone avanzar hacia modelos de cogestión que reconozcan a las comunidades como sujetos activos en la toma de decisiones. Según Ji et al. (2023), las metodologías participativas fortalecen el sentido de pertenencia, redistribuyen los beneficios del turismo y reducen los conflictos entre actores. Este involucramiento puede traducirse en redes locales de gestión, comités ciudadanos y procesos de formación que refuercen las capacidades técnicas y políticas de los actores comunitarios.

Finalmente, los marcos normativos deben acompañar esta transición hacia una gobernanza patrimonial más inclusiva, plural y sostenible. En el caso peruano, la Ley 28296 (2004), Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y sus modificaciones recientes, la Ley 31770 (2023), incorporan principios de sostenibilidad y de acceso equitativo, alineándose con estándares internacionales. Sin embargo, su efectividad depende de su implementación en contextos reales, donde la articulación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado determina el éxito o el fracaso de las políticas patrimoniales. En este punto, la paradoja entre salvaguarda e instrumentalización se vuelve más visible, lo que interpela la necesidad de una ética pública que coloque el patrimonio al servicio del bien común y no del lucro privado.

Procedimientos metodológicos

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo, en línea con la perspectiva propuesta por Fontelles et al. (2009), con el propósito de identificar de qué formas la gestión del patrimonio cultural puede conciliar la salvaguarda de la identidad y la autenticidad culturales con las presiones y oportunidades derivadas del crecimiento económico. El carácter cualitativo permitió captar la complejidad simbólica y social del fenómeno patrimonial a partir de las voces de los propios actores locales, sin pretensión de generalización estadística, sino de comprensión interpretativa (Quintero-Ángel et al., 2019).

El estudio se llevó a cabo con 31 participantes seleccionados de manera voluntaria y no probabilística, residentes en la región de Arequipa. Los entrevistados fueron abordados directamente en el centro histórico de la ciudad –espacio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 2 de diciembre del año 2000– mientras transitaban o permanecían en plazas, calles o espacios culturales. Las edades de los participantes oscilaron entre los 18 y los 30 años, sin importar que su lugar de origen fuera otra localidad, siempre que mantuvieran una interacción mínima mensual con algún bien patrimonial (material o inmaterial). Este procedimiento de muestreo intencional con base en criterios de inclusión permitió acceder a una diversidad de miradas y contextos, lo que posibilitó la descripción, interpretación y comprensión de fenómenos sociales a partir de las vivencias y los significados atribuidos por los propios actores sociales (González, 2020).

La recolección de datos se efectuó mediante entrevistas estructuradas, presenciales y autoaplicadas diseñadas exclusivamente para los fines de esta investigación, siguiendo las orientaciones de Batista et al. (2017). El instrumento incluyó una hoja de consentimiento informado, un breve registro sociodemográfico y un bloque de 16 preguntas abiertas orientadas a explorar la percepción del patrimonio cultural y su relación con la identidad, la autenticidad, la participación comunitaria y los efectos del turismo. Las preguntas fueron: ¿cómo define el patrimonio cultural? ¿Qué aspectos consideras más significativos? ¿Qué significado tiene para usted personalmente? ¿Qué elementos del patrimonio cultural (por ejemplo, monumentos, tradiciones, idiomas) cree que resuenan más con las comunidades y por qué? En su opinión, ¿qué papel desempeña el patrimonio cultural en la formación de la identidad local y nacional? ¿Considera que el patrimonio cultural es un concepto estático o que evoluciona con el tiempo? Explique su perspectiva. ¿Cuáles percibe como los principales desafíos para preservar los sitios de patrimonio cultural ante el creciente turismo? ¿Cómo cree que la comercialización afecta la autenticidad de los sitios de patrimonio cultural? ¿Qué medidas considera efectivas para equilibrar la conservación del patrimonio con los beneficios económicos del turismo? ¿Qué opina sobre el uso de los sitios de patrimonio como atracciones que generan ingresos? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Qué políticas o estrategias recomendaría para proteger los sitios de patrimonio cultural de la comercialización excesiva? ¿De qué manera cree que el turismo de patrimonio cultural beneficia a las comunidades locales social y económicamente? ¿Qué desafíos enfrentan las comunidades locales como resultado del turismo de patrimonio cultural? ¿Cómo ve el papel del turismo de patrimonio cultural en fomentar el entendimiento y el intercambio intercultural? ¿Qué estrategias podrían ayudar a garantizar que los beneficios económicos del turismo se distribuyan de manera justa en las comunidades locales? ¿Cómo puede el turismo del patrimonio cultural fortalecer el sentido de identidad y el orgullo en una comunidad?

Para evitar respuestas triviales o inducidas, el entrevistador acompañó cada aplicación, realizando explicaciones y ejemplos concretos mediante repreguntas aclaratorias. Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 25 de octubre y el 20 de noviembre de 2024, en distintos puntos del centro histórico. El análisis preliminar mostró un promedio de 40 palabras por respuesta, con un máximo de 350, lo que evidencia distintos niveles de implicación de los entrevistados.

El tratamiento de la información se realizó con el software DELVE, especializado en la codificación, categorización e interpretación de datos cualitativos. Este recurso permitió identificar patrones, tensiones y temas emergentes mediante un análisis temático, siguiendo la propuesta metodológica de Braun y Clarke (2006). En una primera fase se realizó una lectura general de las respuestas para generar categorías preliminares como «comercialización», «impactos del turismo», «identidad local», «participación comunitaria» y «conservación patrimonial». Posteriormente, se procedió a codificar las unidades textuales relevantes y agruparlas en temas mayores, para visualizar contradicciones y matices en la comprensión del patrimonio entre los distintos perfiles de entrevistados.

La triangulación entre categorías emergentes y conceptos teóricos permitió verificar la coherencia entre los discursos ciudadanos y los marcos interpretativos sobre el patrimonio crítico y la sostenibilidad cultural. Este abordaje metodológico aseguró una comprensión profunda, sistemática y contextualizada de los discursos, lo que enriqueció la interpretación de los resultados y fortaleció la validez interna del estudio.

En cuanto a la composición del corpus, 31 participantes eran de Arequipa y de otras localidades como Orcopampa, Mollendo, Camaná, Moquegua, Ilo, Cusco y Espinar. El 61 % se identificó como mujer y el 39 % como hombre, predominando el origen urbano (77 %), seguido de los contextos semirrurales (19 %) y rurales (3 %). En el plano educativo, el 80 % cursaba estudios universitarios o técnicos en áreas como administración, marketing, trabajo social y psicología, mientras que el 20 % restante se encontraba en formación profesional general. En relación con la frecuencia de visita a sitios patrimoniales, el 35 % acudía mensualmente, el 23 % menos de una vez al mes y el 10 % diariamente. Asimismo, un 65 % manifestó estar en busca de empleo mientras estudiaba, lo que sugiere una conexión entre sus expectativas laborales y las oportunidades asociadas a la gestión y promoción del patrimonio cultural. Esta diversidad sociodemográfica y formativa enriqueció la interpretación de los datos, brindando una lectura plural sobre cómo los jóvenes perciben y resignifican el patrimonio en contextos urbanos y turísticos contemporáneos.

Resultados y discusión

Diversidad de percepciones sobre la autenticidad y la identidad

Las percepciones sobre la autenticidad y su vínculo con la identidad cultural revelan un entramado de significados que oscila entre lo simbólico, lo material y lo experiencial. Los discursos de los participantes muestran tanto visiones conservacionistas, centradas en la preservación del legado histórico, como interpretaciones dinámicas, que entienden el patrimonio como un proceso vivo y en constante resignificación. A partir del análisis temático realizado, se establecieron las siguientes categorías y subcategorías (Tabla 1), que reflejan las distintas formas en que los actores sociales definen, valoran y se relacionan con el patrimonio cultural.

Tabla 1

Percepciones sobre el patrimonio cultural desde Arequipa, Perú

Categoría temática	Subcategorías	Participantes asociados
Herencia y transmisión intergeneracional	Herencia / legado / raíces / generaciones / memoria colectiva	P1, P2, P4, P11, P12, P13, P14, P15, P23, P25, P29
Identidad local y nacional	Identidad / orgullo / pertenencia / Arequipa	P3, P7, P16, P21, P22, P24, P26, P28
Dimensión histórica y educativa	Historia / aprendizaje / conocimiento / pasado / memoria	P6, P9, P17, P18, P20, P30
Valor estético y materialidad	Monumentos / estructura / material / reliquia / arte	P5, P8, P10, P27
Patrimonio como recurso económico y turístico	Rutas turísticas / belleza escénica	P19, P31

La configuración de estas categorías permite reconocer una pluralidad de concepciones que coexisten en el discurso ciudadano sobre el patrimonio cultural. Mientras algunas respuestas privilegian la continuidad histórica y el valor simbólico de la herencia, otras resaltan la dimensión visual, económica o funcional del patrimonio, revelando tensiones entre la autenticidad y la utilidad. Este mosaico interpretativo constituye la base sobre la que se despliega la siguiente discusión analítica.

Se percibe que la noción de autenticidad y su vínculo con la identidad cultural se manifiestan a través de una pluralidad de interpretaciones que revelan coincidencias y matices significativos. Algunos participantes conciben el patrimonio cultural como un conjunto de prácticas y bienes heredados que constituyen un referente de pertenencia colectiva. Así, se lo define como «actividades y prácticas antiguas» (P1), «la herencia transmitida de generación en generación» (P25) o «un conjunto de bienes materiales e inmateriales que forman parte de la historia y la cultura» (P15). Estas formulaciones reafirman la idea de que la autenticidad no se limita a la antigüedad del bien, sino que reside en su capacidad para mantener la continuidad de los valores y significados compartidos. Este planteamiento se alinea con la noción de patrimonio vivo propuesta por Timothy (2014), quien sostiene que la autenticidad se renueva en la medida en que las comunidades reproducen sus prácticas culturales en contextos cambiantes.

La autenticidad se vincula asimismo con el reconocimiento de rasgos distintivos y representativos de un lugar o de una comunidad. Un participante la describe como «algo representativo y único de un lugar, ciudad o país» (P21), mientras que otro la asocia con «la identidad de Arequipa» (P26), la ciudad donde se realizó el estudio. Estas perspectivas se inscriben en una comprensión territorializada de la autenticidad, en la que la singularidad cultural funciona como un marcador de diferencia y de orgullo local. Ello coincide con Lussetyowati (2015), quien argumenta que la autenticidad puede ser un atributo intangible que proyecta una imagen simbólica y refuerza el sentido de pertenencia. Los elementos más citados como resonantes con las comunidades fueron las tradiciones, definidas como «algo que pasa de generación en generación» (P1) o como prácticas que «tienen un significado en las familias» (P12). El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (2021) reconoce que estas prácticas vivas, al mantener vínculos afectivos y simbólicos, desempeñan un papel esencial en la cohesión social y la construcción de identidades colectivas.

En otros casos, la autenticidad se interpreta desde la transformación y el cambio culturales. Algunos participantes sostienen que el patrimonio «evoluciona con el tiempo, incorporando nuevas cosas» (P5) o que «los contextos cambian al igual que las culturas» (P20). Esta perspectiva dinámica dialoga con Hall et al. (2016), quienes plantean que la autenticidad no debe concebirse como inmutabilidad, sino como capacidad de adaptación ante las fuerzas contemporáneas –como la globalización, el turismo o la migración– que reconfiguran las prácticas culturales. En contraposición, otros discursos reivindican una visión estática del patrimonio, considerándolo «algo que se realiza siempre de la misma manera» (P1) o «que se conserva tal como está» (P30). Esta concepción conservacionista refleja lo que Harrison (2015) denomina «fetichismo patrimonial»: una búsqueda de pureza formal que tiende a desvincular el objeto patrimonial de sus procesos sociales.

La coexistencia de ambas miradas –dinámica y estática– ilustra lo que Nikolic y Jakovljevic (2024) definen como una «autenticidad negociada», un espacio de diálogo y disputa entre actores locales, gestores y visitantes acerca de qué conservar, cómo interpretarlo y con qué legitimidad histórica. En este sentido, la autenticidad no emerge como una categoría técnica, sino como una construcción relacional atravesada por el poder, la memoria y los intereses económicos.

Asimismo, los trabajos recientes de Alegría et al. (2025) advierten que las nociones de autenticidad son situadas y culturalmente variables, moldeadas por contextos epistemológicos y ontológicos específicos. Desde esta óptica, la autenticidad se entiende como resultado del diálogo –y a veces del conflicto– entre memorias locales y demandas globales, donde la gestión patrimonial debe incorporar procesos participativos que reconozcan identidades múltiples y cambiantes.

De este modo, las percepciones sobre la autenticidad e identidad se despliegan a lo largo de un espectro que abarca desde visiones conservacionistas hasta interpretaciones adaptativas. Las primeras buscan preservar la integridad formal de los bienes y las prácticas, mientras que las segundas reconocen la necesidad de una adaptación cultural para sostener su vitalidad. Este panorama coincide con lo que Li y Hunter (2015) conceptualizan como el dilema central en la gestión del patrimonio: equilibrar la salvaguarda identitaria con la vitalidad socioeconómica. Reconocer y gestionar esta diversidad de enfoques resulta esencial para diseñar políticas patrimoniales inclusivas, que mantengan un vínculo genuino con el pasado sin renunciar a la dinámica transformadora de la vida cultural contemporánea.

El dilema entre beneficios económicos y salvaguarda cultural

La gestión del patrimonio cultural enfrenta el reto constante de armonizar la generación de beneficios económicos con la preservación de su autenticidad e identidad. En contextos en los que el turismo constituye una de las principales fuentes de ingresos, esta tensión se vuelve más evidente. Dominguez et al. (2025) narran el caso del Ecuador. Diversos participantes coincidieron en que la apertura de los sitios a la actividad turística ofrece ventajas, pero también riesgos significativos. Por ejemplo, se menciona que «pros: dan a conocer ese patrimonio; contra: lucran a partir de su descubrimiento para ser exhibidos o los venden» (P1), lo que refleja la preocupación de que la rentabilidad inmediata comprometa la sostenibilidad cultural a largo plazo. Chen y Tan (2025) evidencian que, si bien la declaración patrimonial impulsa la actividad económica, también puede propiciar la gentrificación y los desplazamientos si no se establecen salvaguardas sociales y regulatorias adecuadas.

De esta forma, la comercialización del patrimonio se percibe de manera ambivalente. Mientras algunos reconocen que puede dinamizar la economía local, generar empleo y aportar recursos para la conservación, otros advierten que «puede afectar la autenticidad de los sitios … diluyendo sus significados culturales y tradicionales» (P9). Xie et al. (2025) han documentado cómo la transformación del patrimonio cultural inmaterial en un producto de consumo, a menudo ajustado a las modas turísticas, puede aumentar su visibilidad, pero reducir su fidelidad cultural. Esto coincide con la observación de otro participante, quien sostiene que la actividad económica solo es aceptable cuando «no sobrepasa los límites del cuidado» (P10).

La literatura también subraya que el turismo masivo exacerba este dilema. Bajracharya (2025) señala que la sobrecarga de visitantes, la comercialización excesiva y la falta de regulación aceleran la degradación física y simbólica de los bienes patrimoniales. Esto coincide con percepciones recogidas en el estudio, como la de quienes advierten que «la sobrecarga de turismo … y el impacto ambiental afectan la conservación» (P12). Amenazas como «el envejecimiento» (P3) o la «falta de valor percibido de las nuevas generaciones» (P5) agravan esta vulnerabilidad cuando las dinámicas económicas priman sobre las culturales.

En este contexto, la gobernanza patrimonial adquiere un papel determinante. Arrighi et al. (2025) proponen un marco de gestión de riesgos que prioriza la valoración social y el significado comunitario del patrimonio en las decisiones de uso. Este enfoque se alinea con las voces de los participantes que reclaman un manejo participativo y regulado, en el que «el uso de sitios de patrimonio como atracciones turísticas genera ingresos, pero puede dañarlos si no se gestiona correctamente» (P7). Jiang et al. (2025) señalan que la implicación activa de la comunidad y la congruencia cultural en las actividades turísticas pueden reforzar el vínculo identitario y actuar como contrapeso a la mercantilización.

La irrupción de las tecnologías digitales también añade una nueva dimensión al dilema. Ye et al. (2025) señalan que la digitalización del patrimonio cultural inmaterial amplía las audiencias y abre nuevas fuentes de ingresos, pero plantea riesgos de pérdida de matices culturales y de homogeneización. En este sentido, la economía digital aplicada al patrimonio, aunque ofrece oportunidades para reducir la presión física sobre los sitios, no está exenta de reproducir lógicas mercantiles que pueden alterar su significado original.

En suma, el dilema entre beneficios económicos y salvaguarda cultural no se resuelve en la simple oposición entre prohibir y permitir la explotación económica, sino en el diseño de modelos de gobernanza que integren la sostenibilidad, la participación comunitaria y los límites claros a la comercialización. Esto exige no solo marcos regulatorios sólidos, sino también políticas de reinversión de los beneficios en conservación, educación patrimonial y fortalecimiento de la identidad cultural, de modo que el patrimonio cultural permanezca como un recurso vivo que genere prosperidad sin sacrificar su esencia.

Potencial de estrategias participativas para la conciliación

Se percibe un amplio consenso en torno a que la participación comunitaria constituye un pilar esencial para articular de manera armónica la conservación del patrimonio cultural y el aprovechamiento de las oportunidades económicas derivadas del turismo (Esichaikul & Chansawang, 2022; Li et al., 2020). Lejos de ser un recurso complementario, la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones y en la gestión de los bienes patrimoniales se presenta como un mecanismo estructural para garantizar que las políticas implementadas respondan tanto a la salvaguarda identitaria como a la sostenibilidad económica. Esta premisa se alinea con el planteamiento de Dobrovolska et al. (2025), quienes demuestran que la integración de la educación y el arte en las estrategias de preservación amplifica la conciencia social y fomenta vínculos emocionales duraderos con el patrimonio, lo cual constituye una condición indispensable para un involucramiento comunitario efectivo. En esta línea, se enfatiza que una de las medidas más efectivas radica en «colaborar con las comunidades locales para desarrollar estrategias» (P29) mediante «un trato directo con las comunidades» (P1), lo que implica relaciones horizontales y una comunicación constante entre gestores, operadores turísticos y pobladores.

La participación comunitaria, sin embargo, puede adoptar distintas formas: desde modelos de validación –donde las comunidades son consultadas para legitimar decisiones externas– hasta esquemas de cogestión, en los que los actores locales comparten la planificación, la administración y los beneficios derivados del patrimonio. Esta última forma representa un nivel superior de involucramiento, pues reconoce la agencia y el conocimiento situado de las comunidades en la gestión del territorio. En esa perspectiva, Asensio (2014) sostiene que el tránsito del «pacto patrimonialista» hacia enfoques participativos reales requiere redistribuir el poder, permitiendo que las comunidades dejen de ser receptoras pasivas para convertirse en corresponsables de la salvaguarda. Esta distinción entre participación consultiva y cogestionada es crucial, dado que solo en el segundo caso se garantiza una sostenibilidad cultural efectiva, entendida como la capacidad de las comunidades para mantener vivas sus prácticas, símbolos y memorias en dinámicas contemporáneas de cambio.

Este enfoque participativo no se limita a consultas simbólicas, sino que se proyecta hacia la transferencia de responsabilidades y el reconocimiento de las comunidades como actores legítimos en la gobernanza del patrimonio. Tal como señalan Arrighi et al. (2025), los enfoques participativos permiten incorporar valores intangibles –como el sentido de pertenencia y la identidad colectiva– en la gestión del riesgo y la conservación, generando prioridades que responden a percepciones sociales y no solo a criterios técnicos. En coherencia, algunos participantes proponen marcos institucionales sólidos para proteger los bienes culturales de intereses meramente lucrativos, como «estar bajo el cuidado de una entidad sin fines de lucro» (P1). Estas perspectivas se fortalecen con propuestas como «formalizar los negocios que están alrededor» (P30) y «otorgar certificados de funcionamiento a los locales que cumplan con estándares» y «clausurar el resto» (P18), que buscan garantizar la calidad y el cumplimiento normativo. Estas medidas también evidencian la necesidad de diseñar mecanismos de cogestión en los que las comunidades y las autoridades compartan la toma de decisiones, asegurando la transparencia, la legitimidad y la apropiación social de los resultados.

La equidad en la distribución de beneficios también emerge como eje transversal. La implementación de «estrategias transparentes y de equidad» (P3), acompañada de «auditoría» (P4) o «supervisión constante» (P20), responde a lo que Chen y Tan (2025)

documentan sobre políticas patrimoniales que logran un crecimiento económico inclusivo cuando se vinculan con estructuras participativas y mecanismos de control social. Estas estrategias no solo mejoran la distribución económica, sino que también evitan que la mercantilización desplace a las comunidades locales, un problema identificado por Zhang (2025) cuando analiza la relación entre la preservación y el desarrollo de alta calidad, en la que la mediación turística y el capital humano son factores clave para el éxito. La sostenibilidad cultural, en este contexto, se manifiesta como un equilibrio entre continuidad y cambio, asegurando que los procesos de valorización turística no anulen los modos de vida tradicionales, sino que los fortalezcan mediante aprendizajes compartidos y beneficios tangibles.

En cuanto a la regulación del uso turístico, la recomendación de «mantener un número limitado para acceder a estos» (P4) y «limitar el número de visitantes en patrimonios vulnerables» (P26) se encuentra en línea con la evidencia de López-Bravo (2025) sobre cómo la gestión responsable y la activación turística controlada de bienes culturales pueden contribuir a proteger paisajes culturales frágiles, evitando su degradación física y simbólica. Asimismo, las experiencias ritualizadas en el patrimonio inmaterial, descritas por Jiang et al. (2025), muestran que la preservación de prácticas distintivas y ceremoniales fortalece el compromiso del visitante y fomenta una conexión emocional que disuade el uso irresponsable. Estos ejemplos confirman que la sostenibilidad cultural implica no solo la conservación de objetos o espacios, sino también la continuidad significativa de las prácticas y los vínculos sociales que les otorgan sentido.

La innovación tecnológica, propuesta para «promover el uso de tecnologías» (P15), ofrece un campo de acción complementario. Como evidencian Nagirikandalage et al. (2025), la digitalización inmersiva –incluido el uso de entornos virtuales– puede ampliar el acceso y la apreciación del patrimonio, siempre que su implementación sea inclusiva y respalde el desarrollo socioeconómico local. En esa línea, Ruiz et al. (2025) resaltan el rol del storytelling como medio masificador que asegura la continuidad de las tradiciones. Paralelamente, acciones como «programas de voluntariado y concientización» (P22) y el fortalecimiento de la educación cultural (P26) encuentran respaldo en Xie et al. (2025), quienes sostienen que la reinterpretación y la comunicación creativa del patrimonio inmaterial en clave contemporánea aumentan su atractivo y facilitan la implicación intergeneracional. Estos mecanismos educativos son, además, pilares de sostenibilidad cultural, en tanto reproducen los significados patrimoniales en las nuevas generaciones, garantizando su vigencia futura.

Consecuentemente, el potencial de las estrategias participativas radica en la integración de mecanismos normativos, educativos, tecnológicos y de control social en un marco de gobernanza inclusiva. Incluso quienes reconocen «no ser especialistas en el campo» (P28) valoran el rol activo de la comunidad, lo que confirma, como advierten Oprescu y Joldescu- Stan (2025), que la corresponsabilidad en la salvaguarda patrimonial no depende exclusivamente del saber técnico, sino de la articulación de redes sociales, civiles y gubernamentales para enfrentar tensiones entre la salvaguarda identitaria y el crecimiento económico. En esta articulación, la cogestión y la sostenibilidad cultural operan como principios convergentes: la primera garantiza la redistribución del poder en la toma de decisiones, y la segunda asegura la continuidad del sentido simbólico del patrimonio en contextos de transformación. De este modo, la participación deja de ser un recurso retórico para convertirse en un instrumento estratégico con base empírica y validación teórica, capaz de mediar entre las exigencias del desarrollo y la preservación cultural.

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la gestión del patrimonio cultural no solo enfrenta una tensión estructural entre la salvaguarda identitaria y las presiones del crecimiento económico, sino que dicha tensión se reproduce en los propios marcos institucionales y discursivos que intentan resolverla. Esta constatación refuerza la idea de que el problema patrimonial contemporáneo es, ante todo, de carácter político y epistemológico: quién decide qué se conserva, con qué fines y bajo qué criterios de legitimidad.

El estudio demuestra que la conciliación entre preservación y desarrollo no puede basarse en modelos tecnocráticos ni en modelos meramente conservacionistas, sino en formas de gobernanza cultural que reconozcan la pluralidad de actores, saberes y temporalidades. Las percepciones de los participantes reflejan que la autenticidad y la identidad son categorías dinámicas, negociadas socialmente, cuya vigencia depende de la participación activa de las comunidades. La cogestión emerge, así, como un principio operativo y no retórico: implica la redistribución del poder en la toma de decisiones, la institucionalización de mecanismos de control social y la corresponsabilidad en la administración de los beneficios.

En el plano práctico, los resultados subrayan que las estrategias más valoradas por los actores locales son aquellas que fortalecen el sentido de pertenencia, promueven la sostenibilidad cultural y distribuyen equitativamente los beneficios económicos. La sostenibilidad cultural, entendida como la capacidad de las comunidades para mantener vivas sus prácticas y significados en contextos de cambio, se convierte en el eje articulador de una gestión patrimonial verdaderamente sostenible. Las medidas de regulación turística, los límites de carga y las políticas de calidad se interpretan no como restricciones, sino como condiciones necesarias para garantizar la continuidad del patrimonio como recurso vivo. Asimismo, la incorporación de tecnologías digitales, el uso del storytelling y la educación patrimonial intergeneracional se perfilan como vías de mediación entre la tradición y la modernidad, ampliando el acceso sin comprometer la autenticidad.

Desde el punto de vista teórico, la investigación aporta una lectura situada desde el sur global, que visibiliza cómo las lógicas de colonialidad y centralización influyen en la gestión patrimonial latinoamericana. Al integrar el concepto de autenticidad negociada con los enfoques de gobernanza participativa y de sostenibilidad cultural, el trabajo propone un marco interpretativo capaz de superar la dicotomía preservación-desarrollo e incorporar dimensiones sociales, simbólicas y distributivas del patrimonio. Esta contribución desafía la hegemonía de los paradigmas eurocéntricos, proponiendo una epistemología patrimonial basada en la diversidad, la justicia espacial y el reconocimiento de los saberes locales.

Entre las recomendaciones más relevantes destacan: (a) redefinir los marcos normativos nacionales para incorporar criterios de cogestión vinculante y mecanismos de fiscalización ciudadana; (b) canalizar los ingresos del turismo patrimonial hacia fondos comunitarios destinados a educación, conservación y emprendimientos culturales; y (c) establecer observatorios locales de sostenibilidad cultural que evalúen los impactos sociales y simbólicos de las políticas patrimoniales. Estas acciones permitirían consolidar una gobernanza que no solo proteja el patrimonio como objeto, sino que también lo sostenga como proceso social en constante renovación.

A nivel metodológico, el carácter exploratorio del estudio constituye tanto una fortaleza –por la profundidad cualitativa de las percepciones recogidas– como una limitación –por la imposibilidad de generalizar estadísticamente–. Por ello, se recomienda replicar investigaciones comparativas que incluyan gestores públicos, operadores turísticos y comunidades rurales o indígenas, ampliando la comprensión de cómo las distintas escalas territoriales y culturales enfrentan el dilema entre desarrollo y salvaguarda.

En definitiva, la paradoja del patrimonio cultural no se resuelve con la simple coexistencia entre conservación y crecimiento, sino mediante la construcción de una ética patrimonial que coloque la dignidad cultural en el centro de las políticas públicas. Solo una gobernanza inclusiva, adaptativa y socialmente justa podrá garantizar que el patrimonio siga siendo un espacio de memoria, identidad y prosperidad compartida, donde la economía sirva a la cultura y no a la inversa.

Conflicto de intereses

La presente investigación no presenta conflicto de intereses.

Responsabilidad ética

En el texto se han citado investigaciones previas de manera adecuada, incluyendo sus datos completos en el apartado de referencias. La participación de los sujetos en el estudio fue voluntaria e informada.

Contribución de autoría

ERAR: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, software, visualización, redacción (borrador original, revisión y edición).

DVL: conceptualización, curación de datos, supervisión, validación, recursos, redacción (revisión y edición).

DMAL: conceptualización, curación de datos, supervisión, validación, recursos, redacción (revisión y edición).

AXTO: conceptualización, curación de datos, supervisión, validación, recursos, redacción (revision y edición).

Financiamiento

La presente investigación no contó con ningún tipo de financiamiento.

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Edgar Romario Aranibar Ramos

Maestría en curso en Turismo y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de São Paulo, Brasil. Actualmente, es miembro de grupos de investigación en turismo y educación en Brasil, y en justicia social y vivienda en Canadá.

Diego Manuel Velarde Lam

Maestría en Alta Dirección Empresarial por la Universidad de Alcalá, España. Actualmente, se desempeña como docente universitario en la Universidad Tecnológica del Perú.

Diego Alonso Medina Llerena

Maestría en Proyectos de Inversión por la Universidad Católica de Santa María, Perú. Actualmente, se desempeña como docente universitario en la Universidad Continental, Perú.

Andrea Ximena Tupa Ortiz

Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Actualmente, es investigadora junior en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú.